Peru Hoy
Friday, April 09, 2004
FEDERICO PRIETO CELI
La candidatura de Ántero Flores–Aráoz
En abril se inician los cálculos de los grupos parlamentarios para elegir la Mesa Directiva del Congreso. Esta vez, la candidatura de Ántero Flores–Aráoz se presenta nuevamente como posible, aunque todavía improbable. Lo respalda el APRA, con sus 28 votos, y Unidad Nacional, con sus 13. Necesitaría también los de Somos Perú, Acción Popular y Unión por el Perú, que juntos suman 10 votos; y otros 10, entre los grupos minoritarios (PA, GPDI y no agrupados, que juntos tienen 18 curules).
Pero cálculos parecidos hace la mayoría parlamentaria (PP-FIM) con sus 49 votos fijos, sin contar el peligro de tránsfugas, porque si capta la votación de las agrupaciones minoritarias, haría 67 votos. Quitando ausencias y abstenciones, unos y otros sueñan con una mayoría simple, uno más que el contrario, sin hacerme mayores ensueños. Carlos Ferrero estuvo dos periodos y a Henry Pease le puede ocurrir lo mismo.
Pero más allá del recinto parlamentario, la lucha sin cuartel entre oficialismo y oposición se torna agria, por cuanto se pone en juego la gobernabilidad misma del país, y preocupa no solamente al gabinete ministerial y al empresariado, sino al ciudadano de a pie, que busca trabajo –si no lo tiene– o elevar sus ingresos –si lo tiene–. Para el simple observador apolítico, esa minoría dispersa de 28 votos en conjunto constituye un misterio, porque no son gobierno ni votan por la oposición, presentándose en la práctica como una especie de limbo parlamentario.
Y limbo parlamentario es, precisamente, lo que le faltaba al Congreso para terminar de desprestigiarse, porque la falta de credibilidad de los congresistas es tal, que basta ver el cuadro de solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria para comprobar que, por lo menos, hay 20 congresistas acusados que se parapetan tras el privilegio de sus cargos.
En ese contexto, el congresista Flores–Aráoz ha comentado que su candidatura no significa el propósito de provocar una vacancia presidencial, evocando sin duda lo ocurrido con Valentín Paniagua. Su candidatura, de otro lado, llama más bien a una Mesa Directiva multipartidaria, entre APRA y Unidad Nacional, por una parte, y PP y FIM de otra, con el agregado de los grupos pequeños, si así fuere posible.
No enarbola, por tanto, la bandera de la confrontación, sino la de la concertación, pero en la pugna política multipartidaria, ese rumbo ha sido ya usado en el Acuerdo Nacional, sin mayor fortuna y, por tanto, no goza hoy de la confianza que podría haber tenido en el pasado. Sin embargo, quienes defendemos la institucionalidad de la vida política tenemos que ver como positiva cualquier iniciativa encaminada a darle garantía de permanencia a la democracia peruana, como es el caso, en realidad, aunque parezca lo contrario, de la candidatura de Ántero Flores–Aráoz.
Gestiones febriles de oficialismo y oposición se sucederán ahora día tras día, a la búsqueda de una alianza firme que consolide al gobierno en el manejo del Congreso o para que triunfe una candidatura de consenso multipartidaria, con Ántero Flores–Aráoz de presidente, y sin exclusión de nadie, para darle aire a la hoy vapuleada clase política nacional.
***"Opinion Libre" diario "Expreso"
CÉSAR CAMPOS R.
El ocho, no mentir
Un discutible prurito católico, que se ha extendido a toda la comunidad adscrita a la fe en las enseñanzas de Jesús, atribuye a los días de Semana Santa el elan de la reflexión, la pausa y de la armonía entre los seres humanos.
Su impacto en los medios de comunicación masiva fue y es aún más controvertido. Las programaciones de Tv y la radio se alteran por completo. Los mayores estamos obligados a oír o ver (tal vez soportar) extensos sermones, las mismas versiones cinematográficas de hace 50, 40 o 30 años sobre la vida del Redentor, la de los profetas o santos, pasajes bíblicos y cuanta evocación judeo-cristiana se ponga a mano.
La prensa, hasta hace poco tiempo, estaba obligada a bajar la guardia y ponerse a tono con la atmósfera de recogimiento y sensibilidad. Nada de noticias grandilocuentes, conflictos entre políticos, acuchillamientos arteros. La fotografía de los émulos de quien padeció por nosotros en el Monte Calvario o del Cardenal lavando los pies de indigentes era obligatoria en las portadas de los diarios.
No soy autoridad alguna para cambiar esta costumbre, ni pretendo cuestionarla desde una esfera agnóstica a la cual no pertenezco. Llamo sí la atención sobre el pobre efecto que una jornada de reposo, en nombre de los principios cristianos, produce entre quienes se reclaman sus seguidores. Especialmente, entre aquellos a los que les entregamos el mandato de ejercer la dirección de los órganos del Estado.
Porque uno de los males intrínsecos de la llamada clase política es manipular la fe de las mayorías con enorme desparpajo. No es menos hipócrita don Fernando Olivera al exhibirse con una ridícula expresión de poseído cuando carga las andas del Señor de los Milagros en Madrid, que su enemigo de siempre, Alan García, quien llegó al extremo de inscribirse en la Hermandad morada poco antes de candidatear a la Presidencia de la República en 1985. En la farándula, hermanos.
Aquí y en la cochinchina, el uso y abuso de las creencias religiosas ha sido patético. Lo peor de todo no es que los políticos se allanen al espectáculo circense de parecer más papistas que el Papa, sino que les toleremos tamaña osadía.
Pocos se han atrevido a condenar esas envilecedoras maniobras. Entre ellos, Víctor Raúl Haya de la Torre en 1923, cuando detectó que la consagración de nuestra bandera al Corazón de Jesús era una bufonada del presidente Augusto B. Leguía para propiciar su primera reelección.
Por ello me permito una sugerencia a mis colegas periodistas, para estas y las futuras ediciones de la Semana Santa. Que resaltemos todo el día un solo titular, uno de los mandamientos más importantes (el octavo) que Moisés recogió del monte Sinaí: no mentir. Mandamiento que también le toca a la prensa, pues nos recuerda que faltamos a Dios al levantar falsos testimonios.
No mentir, no engañar, no “mecer” o (en el fangoso lenguaje del ex presidente García Pérez) no “huevear”. Y todavía estamos pidiendo muy poco a los incomensurables líderes de nuestro país.
cesarcamposlima@yahoo.co
** "Agenda POlitica" diario "Expreso"
¿Qué hacer en este caso?
Aprovechando una fecha como hoy, el país recuerda el sufrimiento cristiano, perdona a quienes hacen el mal y enmienda errores procurando hacer el bien. Pero como todo en la vida, mientras mayor responsabilidad ostenta la persona en una sociedad, mayor es su necesidad de cambio frente a la falsedad, la confusión y la equivocación.
Hoy los peruanos sufren las consecuencias de un mal gobierno. Y el primer llamado a pedir perdón y a cambiar es el Presidente del país, responsable indiscutible de los desaciertos de un gobierno sin norte, sin liderazgo, sin estrategia, sin mística y sin personalidad. Un régimen que viene sumiendo al Perú en una crisis social de dimensión desconocida al estar encubierta por una interminable secuencia de cortinas de humo.
En primer lugar, el Mandatario necesita reconocer que sus confusiones son la causa de la mayor parte de los problemas que afectan a los peruanos. No entraremos al terreno económico porque sencillamente nos quedaríamos entrampados en esa aburrida dialéctica entre lo macro y lo micro de la que nadie queda satisfecho con las explicaciones que emite el régimen como disco rayado. Concentrémonos más bien en el concepto país, criterio que este gobierno ha quebrado en forma por demás consistente y rigurosa.
En la práctica, el principio de identidad nacional en la sociedad peruana ha sido demolido. La razón principal se debe a que hace algo más de tres años la ciudadanía sólo recibe mensajes –generados desde el propio gobierno– que repiten que nuestra sociedad es corrupta, inútil, pobre, etc. Ese martilleo constante ha hecho que muchísimos ciudadanos se olviden del concepto patria, que ignoren la palabra nación. Los peruanos, en su gran mayoría, tan sólo sienten que sobreviven en un suelo que no es el suyo; y que, por el contrario, esta tierra los agrede. Por ese motivo no sólo descuidan su país, sino que lo desangran en tanto encuentren de dónde extraer algo, para luego voltear la mirada hacia otras fronteras y emigrar, como lo vienen haciendo varios millones de compatriotas.
Presidente Toledo, el Perú exige que usted enmiende su actitud, que exhiba la capacidad de gestión de la que tanto fanfarroneó durante su campaña. Déle a esta nación esa visión de futuro que tanto espera. O, si eso es imposible, díganos esta vez la verdad para saber a qué atenernos. Pero no siga “meciendo” al país porque la gente está bastante irascible
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"El Mundo al Reves" Diario "Expreso"
Wednesday, April 07, 2004
LA MALDITA E IMPLACABLE PERSECUSION POLITICA CONTINUA!!! UNA PERSECUSION PROCEDENTE DE LA TREMENDA INCAPACIDAD PARA GOBERNAR ,Y QUE PRETENDE TAPAR LA TERRIBLE CORRUPCION DE LA SOCIEDAD TOLEDO-KARP!!!!
Inician juicio contra hermanos de ex mandatario
La jueza Cecilia Pollack, del Quinto Juzgado Anticorrupción, inició proceso penal contra Rosa, Juana y Pedro Fujimori, hermanos del ex presidente Alberto Fujimori, el ex embajador de Perú en Japón Víctor Aritomi, el ex secretario de la Presidencia José Kamiya Teruya y Vladimiro Montesinos por el caso Apenkai.
A Aritomi y Montesinos se les abrió instrucción con mandato de detención, mientras que a los hermanos Fujimori y a Kamiya Teruya sólo con orden de comparecencia.
Según la denuncia de la fiscal Juana Meza, Aritomi y Kamiya Teruya manejaron de manera irregular más de un millón 664 mil dólares donados por los japoneses para los familiares de las víctimas del secuestro ocurrido en la residencia del embajador de Japón en 1997, dinero que jamás llegó a su destino
Juristas Valle Riestra, Valega y Quiroga coinciden: “Fujimori no puede ser candidato en el 2006 "
La decisión del Congreso de la República de inhabilitarlo por diez años para el ejercicio de la función pública impide al ex presidente Alberto Fujimori inscribirse como candidato en las próximas elecciones generales y más aún asumir la primera jefatura del Estado, explicaron diversos juristas consultados por Correo.
Javier Valle Riestra recordó que, de acuerdo con el artículo 100 de la Carta Magna, el ex mandatario no puede asumir ningún cargo de la administración estatal, pues “perdió el derecho de elegir y ser elegido”.
En ese sentido, sostuvo que “para mí la posición del Jurado Nacional de Elecciones es incongruente. Y es que Fujimori sólo puede ser rehabilitado por una sentencia del Poder Judicial. En tanto, cualquier esfuerzo por participar en las elecciones futuras está fuera del orden constitucional”, apuntó.
Respecto del mismo tema el constitucionalista César Valega indicó que si Fujimori fue inhabilitado por el Parlamento, entonces “es obvio” que no puede ser candidato, por lo que consideró necesario que la hipotética candidatura del ex presidente sea sujeta a revisiones legales.
“Legalmente es imposible que Fujimori asuma una candidatura presidencial. Pero es necesario que el Jurado Nacional de Elecciones ponga en práctica los procedimientos de someter a la ley a cada una de las personas que registran un partido político”, refirió.
Una lectura constitucional parecida hizo el jurista Aníbal Quiroga, quien se mostró sorprendido por la posición de algunas personas al defender la “imposible” candidatura de Fujimori, a quien recomendó “respetar las leyes” en el Perú.
En tanto, el jefe de la ONPE, Fernando Tuesta, insistió en manifestar que el ex presidente Alberto Fujimori no puede postular a ningún cargo público, porque está inhabilitado para ejercer una función pública por un período de 10 años.
Inocente
“En el Perú funciona lo que se llama la presunción de inocencia”, dijo el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Manuel Sánchez Palacios, al argumentar que un procesado por la justicia, como el ex presidente Alberto Fujimori, sí puede postular a las elecciones generales del 2006.
Martha Chávez: “Sí puede postular
La ex congresista Martha Chávez sostuvo que en virtud a una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) el Congreso de la República “no tiene derecho” a inhabilitar para el ejercicio de la función pública al ex presidente Alberto Fujimori sin que el Poder Judicial emita una sentencia definitiva.
Debido a ello, manifestó que “nada impide” a Fujimori figurar en la cédula de votación como candidato a la Presidencia de la República para los comicios generales del 2006, porque “tiene el amparo de las normas dictadas por el TC”.
Agregó que aunque existen varias denuncias emitidas por el Congreso contra el ex mandatario, la justicia aún no se ha pronunciado sobre si tiene responsabilidad o no.
Según ella, la sentencia del TC “es válida” para sustentar la “futura elección” de Fujimori, porque establece que el Parlamento no puede sancionar hasta que las autoridades judiciales definan la conducta penal de una persona.
Sería un estúpido si acato decisión de jueza”
En rebeldía. El periodista Beto Ortiz, procesado por el caso del audio Almeyda-Villanueva, dijo que “sería un estúpido” si obedeciera la decisión de la jueza del Segundo Juzgado Anticorrupción, Cecilia Pollack, de revelar la dirección de su domicilio en Miami.
“Yo ya le proporcioné a la justicia peruana la dirección de mi abogada, Abigail Montjoy, para recibir las notificaciones”, sostuvo.
Según el periodista, con esta medida judicial el gobierno peruano, específicamente el embajador Fernando Olivera y el presidente Alejandro Toledo han desatado “una cacería internacional para amedrentarme”. Añadió que “si quieren espiarme y jugar a ser los seguidores de Vladimiro Montesinos, que suden la camiseta, porque no les daré mi dirección tan fácilmente”.
Ortiz expresó que sería “suicida” volver al Perú en estos momentos y que confía en que “el juicio se demore lo suficiente, hasta que Toledo cumpla su período y se acabe esta persecución”.
Diario "Correo"
Fiscalización otorga 72 horas de plazo a Fundación Pacha
Un plazo de 72 horas otorgó la Comisión de Fiscalización a la Fundación Pacha para que envié la información sobre sus cuentas bancarias y sus vínculos con César Almeyda o, de lo contrario, recurrirá a un juez para que en un plazo de 72 horas ordene el levantamiento del secreto bancario de la ONG dirigida por Eliane Karp.
Así lo dio a conocer ayer el presidente de dicho grupo de trabajo parlamentario, Javier Velásquez Quesquén, quien precisó que adoptarán esta actitud ante la indiferencia de la Fundación Pacha de remitir la información solicitada desde el pasado 16 de marzo.
Asimismo, Velásquez lamentó que los parlamentarios del oficialismo hayan frustrado la presencia de Karp en el Legislativo con el “infundado temor de que esta investigación pretende vincular a Almeyda con el presidente Alejandro Toledo”.
El legislador aprista informó también que el informe final sobre las reuniones de Almeyda y el general Oscar Villanueva deberá estar listo entre la segunda y tercera semana de este mes.
++Diario "Correo"
Guerrillero colombiano afirma que esconden a 25 secuestrados en territorio peruano
Las FARC aseguran que compran fusiles al Ejército peruano
Bogota | dpa. Las autoridades colombianas analizan las denuncias de un rebelde de las FARC, según las cuales ese grupo mantiene secuestradas a 25 personas en territorio peruano, reveló ayer la prensa local citando informes de la fiscalía.
El reporte indica que el guerrillero Gonzalo Guerra, conocido con el alias de El Gusano, fue capturado hace tres semanas en Perú y deportado luego a Colombia, donde además denunció la compra de fusiles al Ejército peruano por parte de las FARC.
La presión ejercida por las tropas colombianas en el sur del país ha obligado a las FARC a llevar a los rehenes a poblaciones selváticas fronterizas, incluso a internar algunas de ellos en territorio peruano, denunció el rebelde, cuyo testimonio fue difundido por el canal de televisión RCN.
Guerra suministró a las autoridades colombianas una lista con los nombres de seis peruanos, incluida una mujer, que presuntamente pertenecen a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, marxistas) y son los encargados de intercambiar cocaína con armas.
“Los fusiles los traje de Iquitos; los obtuve de los civiles peruanos que dije anteriormente y ellos los obtienen de miembros activos del Ejército del Perú”, señaló El Gusano en su declaración a la fiscalía citada por los medios locales.
El rebelde confirmó que el Bloque Sur de las FARC se moviliza libremente entre las poblaciones fronterizas de Iquitos, Marandúa. El Estrecho y Leticia.
El organismo investigador inició un estudio para tratar de determinar si la munición y los fusiles AK-47 que tiene ese bloque de las FARC pertenecen al Ejército peruano.
El Congreso peruano autorizó ayer el viaje del presidente Alejandro Toledo a Colombia, entre el 15 y 18 del presente mes, para discutir con su homólogo colombiano, Alvaro Uribe, temas de seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico, entre otros.
Defensa dice que no posee fusiles AK-47 en zona fronteriza
El Ministerio de Defensa aclaró que el comando de la Región Militar del Oriente y el comando de Operaciones de la Selva, que operan en la zona de frontera con Colombia, no poseen los fusiles AK-47 que supuestamente habrían negociado miembros del Ejercito peruano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa respondió a la denuncia del guerrillero colombiano Gonzalo Guerra, conocido con el alias de El Gusano, quien ha denunciado este hecho ante las autoridades de su país.
Asimismo, el Ministerio de Defensa descartó la posibilidad de que permanezcan en territorio peruano 25 ciudadanos colombianos secuestrados por las FARC.
“Es muy difícil que no se perciba la presencia de 25 personas en la frontera con Colombia. Si se encontraran en territorio nuestro, ya nos hubiéramos enterado”, precisó un representante del comando de Operaciones del Oriente.
**Diario "Correo"
Sunday, April 04, 2004
Afecta a exportadores e importadores
Fletes marítimos se elevan hasta en 100%
Desde 30% hasta 100% se han elevado los fletes marítimos en los últimos tres meses, debido a la reorientación de la flota naviera que utiliza actualmente China, situación que viene afectando no sólo a nuestro país, sino a toda la región del Pacífico, señalaron en diálogo con EXPRESO exportadores y especialistas en la materia.
El nuevo panorama es provocado, entre otros factores, por el mayor dinamismo del comercio mundial, por la fuerte demanda de commodities, el crecimiento sostenido de China, la reconstrucción de Iraq y la demora en la renovación de buques en las flotas mundiales.
A ello se suma el aumento sostenido en el valor de los arriendos de los buques, lo que junto a las fuertes alzas del precio del petróleo se ha traducido en mayores tarifas para los usuarios.
Rafael Tolmos, presidente del Comité de Madera de la Asociación de Exportadores (Adex), explicó que si antes un gran número de embarcaciones ingresaba al mar del Pacífico, ahora la cifra es menor, teniendo presente que la dirección que viene tomando el país asiático, de elevar sus niveles de compra en todo el mundo, lo ha llevado a demandar mayores navieras.
AFECTA A LOS PERUANOS
A ello se agrega el reducido número de embarcaciones que anclan en nuestro mar con las bodegas repletas. A los exportadores peruanos sólo les queda un espacio reducido en los referidos almacenes, que apenas les permite ubicar sus productos con miras a ser colocados en el mercado externo.
Explicó que a fines del año pasado y comienzos del presente, el flete en un contenedor de 20 pies apenas alcanzaba los US$ 650. Sin embargo, en la actualidad, la cifra ascendió a US$ 1,300. “Inclusive se prevé un alza mayor a partir de los meses de junio y julio desde 10% hasta 30%”.
Tolmos también dijo que el incremento del flete impactará en el costo del producto final entre 5% y 10%, restando con ello competitividad respecto a productos extranjeros que también se encuentren en el mercado.
Y EN CHILE
Según el informe semanal de la Cámara de Comercio de Santiago, la escasez de buques encarecería el comercio exterior chileno en US$ 760 millones.
Sólo entre octubre y noviembre del año pasado, algunos indicadores que miden el costo de fletes a nivel internacional, como el Baltic Dry Index (BDI) para buques de carga a granel, aumentaron en un 50%.
En el caso de Chile, la escasez de naves se tradujo en un alza de los fletes en torno al 20% en enero. Los operadores de mercado esperan que a partir de abril se produzca un incremento adicional superior al 10%.
En algunos casos, además, la falta de disponibilidad de buques se traduce en la imposibilidad práctica de embarcar mercancías.
Se estima que el costo total por concepto de fletes del comercio exterior chileno, en tanto, aumentará desde cerca de US$ 3,000 millones en el 2003 a más de US$ 4,000 millones en el 2004.
La capacidad de la flota naviera mundial ha estado estancada durante varios años, producto de un congelamiento del comercio internacional derivado de la crisis asiática y el escaso dinamismo de las principales economías mundiales. Ello llevó a que el mercado naviero operara durante varios años con exceso de oferta, lo que se tradujo en un estancamiento en el valor de los fletes.
COMPETITIVIDAD
Carlos Lazartes, ex presidente de Conudfi, dijo que el gran empuje que viene realizando el país chino ha causado que algunas embarcaciones que antes pasaban por el océano Pacífico ahora opten por otra dirección.
“China está comprando en potencia no sólo minerales, sino productos con valor agregado”, manifestó.
El empresario de agroexportación, Salomón Díaz, dijo que los factores que han influido en las variaciones del flete radican, además de la poca concurrencia de naves marítimas, en el incremento del combustible, sumado a los costos logísticos que estas operaciones demandan.
“Este elevado incremento del flete atenta contra la competitividad y en el caso del sector agroexportador generará un impacto considerable por tratarse de producción perecible”, concluyó.
ABRIENDO FRONTERAS
China está incursionando fuera de sus fronteras para conseguir las materias primas que necesita para producir acero y su voracidad está impulsando los precios mundiales de este componente esencial para la economía global.
Los productores chinos de acero están sellando acuerdos con empresas extranjeras para asegurar el aprovisionamiento constante de materiales cada vez más escasos como el mineral de hierro, necesario para fabricar acero básico de carbón, y níquel, que se utiliza para producir acero inoxidable. Entre tanto, las siderúrgicas chinas contemplan construir fundiciones en Brasil, Australia y Estados Unidos, cuya producción se destinaría a China.
JANINA CÁRDENAS
janina.cardenas@expreso.com.pe
Informe
El Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución de Mercancías (Conudfi) presentará la próxima semana un informe en el cual se va a determinar exactamente en cuánto encarecerá el comercio exterior peruano el incremento de los fletes. Hay que tener en cuenta que la recaudación por tributos aduaneros ascendió a S/. 741 millones, lo que representa una caída de 13.6% en términos reales en marzo comparado con similar período del año anterior. Que según algunos especialistas esta cifra podría ser el primer efecto del desmesurado incremento de los costos en el sector
** diario "Expreso"
Reservas internacionales
disminuyeron en marzo
Las reservas internacionales netas cerraron el mes de marzo en US$ 10,475 millones, nivel inferior en US$ 28 millones respecto al cierre de febrero, informó el Banco Central de Reserva (BCR).
La disminución de las RIN es explicada principalmente por menores depósitos del sector público y del sistema financiero (US$ 163 millones y US$ 109 millones, respectivamente).
Ello fue parcialmente compensado por compras netas de moneda extranjera (US$ 208 millones) y rendimiento de las inversiones (US$ 37 millones).
En lo que va del año, las RIN registran un aumento de US$ 281 millones. A la misma fecha, la posición de cambio del BCR ascendió a US$ 5,203 millones acumulando un incremento en el año de US$ 620 millones
**Diario "Expreso"
Según sondeo hecho con los funcionarios que asistieron al BID
Inestabilidad política es la mayor
traba para las inversiones en el país
El 49% de funcionarios y ejecutivos que asistieron a la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que en el país sólo hay un clima “regular” para los inversores extranjeros. A la pregunta de cómo calificarían el actual clima socioeconómico y político del Perú para los inversionistas extranjeros, otro 20.8% dijo que “bueno” y el 20.8% “malo”.
En cuanto a las principales trabas o dificultades para invertir en el Perú, un 59.4% coincidió en la inestabilidad política, el desgobierno, la falta de gobernabilidad, el ruido político y los enfrentamientos políticos. Otro 35.6% coincidió en que la legislación cambia mucho, no hay estabilidad jurídica y en el hecho de que la ley no protege a las inversiones. A su vez, un 19.8% afirma que hay un sistema judicial corrupto.
RUIDO
A la pregunta de si el ruido político interno afecta las inversiones, un 61.4% respondió que mucho y un 38.6% consideró que afecta algo.
Entre tanto, el 76.2% de funcionarios y ejecutivos que asistieron a la Asamblea Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) opinó que los indicadores económicos del Perú sí generan condiciones para atraer capital externo.
En el otro extremo, un 20.8% de los asistentes opinó que dichos indicadores no generan condiciones para la inversión, según una encuesta realizada por la Presidencia del Consejo de Ministros entre los asistentes a ese certamen
**Diario "Expreso"
Insisten en reforma del Estado y tributaria
Empresarios preocupados
por nivel de la deuda peruana
El economista y asesor económico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) César Peñaranda mencionó que efectivamente, tal y como lo advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI), el empresariado peruano se encuentra preocupado por el nivel de deuda de nuestro país, pues está llegando a una situación alarmante.
“Ha tenido que venir el FMI para decir lo que venían advirtiendo varios analistas hace tiempo. La deuda pública externa en relación al PBI está a tres puntos de que se considere peligrosa”, dijo.
A eso hay que agregar, señaló, que el 27% de la estructura del presupuesto nacional se dedica al pago de la deuda, el 64% a gasto corriente (burocracia) y queda sólo un 9% para la inversión pública. Asimismo, recordó que los últimos tres años la deuda pública aumentó en US$ 4,000 millones.
CAMBIOS PROFUNDOS
Ante este panorama, sostuvo el economista, parece que el gobierno no quiere entender que debe hacer una reforma profunda y sigue con la intención de emitir más deuda para cubrir el déficit fiscal. Agregó que el gobierno se olvidó de la reforma del Estado y de una verdadera reforma tributaria. Mencionó que sigue en el Estado un apetito por el gasto que lo obliga a subir impuestos, como el IGV o el IR, a mantener el Impuesto Extraordinario de Solidaridad (IES) y a crear el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) “y como tiene que cubrir casi el 2% de déficit fiscal en relación al PBI se ve obligado a emitir deuda y eso en términos absolutos es muy grande”, dijo.
Para Peñaranda, el hecho de emitir más deuda terminaría por debilitar nuestra frágil estabilidad y se complicaría el manejo presupuestal quitando recursos al sector privado para cubrir el gasto.
++Diario "Expreso"
Los sueldos públicos
Los chakana boys creen haber descubierto la piedra filosofal. Acaban de sancionar la ley Pease, una suerte de feto –que pronto se convertirá en monstruo– llamado Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP). Este curioso descubrimiento, de aquí en adelante, serviría como referencia para fijar los sueldos de la administración pública, incluyendo al presidente de la República, congresistas, ministros, etc.
Aunque una vez sancionada la ley, muchos chakanistas fueron los primeros en protestar sintiéndose defraudados porque, en el fondo, la ley que ellos mismos acababan de aprobar no precisa su nueva remuneración, sino tan sólo le encarga al Ejecutivo que lo haga. En consecuencia, de acuerdo a la ley Pease y al código críptico que esta ha creado, a partir de ahora el presidente de la República tendrá en sus manos, por ejemplo, fijar cuánto va a ganar un congresista. Una verdadera intromisión entre poderes que representa algo absolutamente alucinante para los constitucionalistas.
Sin embargo, el tema se volvería muy complejo. Primero, por la incalculable presión que recibirían desde el Legislativo los sucesivos jefes de Estado en demanda de reajustes en las remuneraciones de los congresistas, algo que se traduciría en permanente fricción y enfrentamiento. Y segundo, porque la tentación del Ejecutivo por conseguir apoyo en el Congreso para que éste legisle lo que le pida lo motivará a recurrir a la sensualidad del aumento salarial de los parlamentarios, convirtiendo esto en vicio y constante amenaza a la estabilidad económica.
Pero, por encima de todos los riesgos señalados, se encuentra el incalculable forado fiscal que se habría de generar de promulgarse la ley Pease. Esto, debido al impacto que tendrían las remuneraciones públicas –fijadas por simple y tentador decreto supremo– en el Régimen de Pensiones por Servicios Civiles prestados al Estado, más conocido como la Ley Nº 20530 de “cédula viva”. Es decir, cada S/. 10 de aumento del URSP se multiplicará algún millón de veces como impacto en el presupuesto fiscal. Algo que podría quebrar al país. Y peor aún, algo que impediría pagar las pensiones de aquella dichosa administración pública que espera jubilarse con haber indexado a cada aumento, y con derecho inclusive a que su pensión dorada sea heredada por viudez.
Esperemos que no le tiemble el pulso al Presidente para observar la ley Pease
**Diario "Expreso"
Saturday, April 03, 2004
Especialista Pasco Cosmópolis: Parece que buscan que la ley sea desaprobada
La ley que establece una escala para los sueldos de los altos funcionarios
remitida por el Congreso al Poder Ejecutivo fue considerada por el especialista en Derecho Laboral Mario Pasco Cosmópolis como una norma con numerosos errores, además de haber sido formulada sin un previo estudio técnico.
"Hay un grave problema de forma: Este proyecto modifica algunas normas de rango superior, como son la Ley de Municipalidades y Gobiernos Regionales, que siendo leyes orgánicas requieren de una votación calificada para ser modificadas. Como esa mayoría no ha sido alcanzada, el Ejecutivo va a tener que observar la ley", señaló el experto.
Pasco Cosmópolis también cuestionó que la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP) sea fijada cada cierto tiempo -según la norma- por el Ejecutivo y se incorpore en la Ley de Presupuesto.
"Lo ideal sería que esa unidad sea independiente de las leyes porque eso le da flexibilidad. Porque si la voy a convertir en ley, mejor cada año apruebo la ley de las remuneraciones de los altos funcionarios", explicó.
También mostró su desconfianza con la actuación de los congresistas por la prisa con que se aprobó la norma. "Daría la impresión de que la aprueban rápidamente para que sea observada (por el Ejecutivo) y de esta manera haya un interregno, un periodo en el cual no se puede discutir el tema porque está en proceso", indicó.
CAOS EN REMUNERACIONES
Dijo que en las remuneraciones públicas existe un caos total y que no hay paralelismo entre lo que gana un ministro, un magistrado supremo o un congresista.
"Hay una disparidad total hasta en la forma. A algunos se les paga por planilla, otros tienen gastos operativos, otros ganan además por contrato con PNUD y otros organismos", explicó Pasco.
Cuestionó que todo ese estado de cosas se pretenda cambiar bruscamente, sin un estudio técnico previo, para pasar de un momento a otro a una homologación. Advirtió, asimismo, que de acuerdo con este proyecto podría elevarse las pensiones de cerca de 300 congresistas pensionados bajo la Ley 20530, quienes pasarían a ganar casi 50% más.
CRÍTICAS. Mario Pasco dijo que la nueva ley de remuneraciones está llena de errores
**diario "La Republica"
NOTA Editorial: Me pregunto ¿y de donde piensa sacar este sujeto,el tal procurador vargas valdivia ,2000 millones de la supuesta "mafia montesinista" ?
2000 millones si lleva mas de tres años buscando buscando y hasta el dia de hoy, con toda la persecucion que existe ,con todo el dinero que venimos gastado ,como ciudadanos, para darle una buena vida a este sujeto el tal vargas valdivia ,con todo el dinero que se nos ha ido en pagar el Informe de la agencia Kroll, y la justiicia toledana, la que dirige y maniobra al vargasbvaldivia solo ha encontrado 200 millones. Estos son la barbaridaes tipicas del hambre de venganza y de las mentiras del sujeto ,el tal procurador.++
Se ha previsto recuperar cerca de US$2.000 millones para el Fedadói
LA ALCANCÍA DE TODOS
Se espera recibir en el corto plazo US$22,5 millones adicionales Se ha sacado del fondo unos US$90 millones, repartidos en 14 instituciones
Por la cantidad y magnitud de los requerimientos que se le hacen, uno pensaría que el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (Fedadói) es algo así como un manantial inagotable de dinero.
El cálculo del procurador ad hoc Luis Vargas Valdivia es que se deben recuperar unos dos mil millones de dólares. Hasta el momento se ha encontrado menos de 200 millones de dólares, de los cuales 129"454.000, producto de doce depósitos judiciales, han ingresado al Fedadói.
Juan Valencia Rosas, Luis Duthurburu, Alberto Venero Garrido (todos testaferros de Montesinos) y los israelíes Zwi Sudit, Ilan Weill y Rony Lerner son algunos de los principales contribuyentes a este fondo, que viene a ser como una alcancía donde se deposita el dinero recuperado de la corrupción.
Hasta la fecha, se ha sacado del fondo unos 90 millones de dólares, repartidos entre catorce instituciones. Y la lista de solicitantes que piden que se siga rompiendo el chanchito es cada vez más larga.
En la cola están, entre otros, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la misma Procuraduría Ad Hoc. Del fondo también salen los honorarios de los abogados contratados por el Estado para buscar la extradición de los Crousillat y Ernesto Schütz Landázuri en Argentina, de Alberto Fujimori en Japón (contratos que deben ser renovados periódicamente), y las reparaciones a víctimas de violaciones de los derechos humanos como la matanza de Barrios Altos, la muerte de la agente Mariella Barreto y otros casos. Finalmente, no faltan iniciativas legislativas, como la presentada por Cecilia Tait, para que el 10% del dinero se destine al Instituto Peruano del Deporte (IPD).
SEPA MÁS
El objetivo del Fedadói es resarcir económicamente a los diversos sectores de la población afectados por la corrupción. Así, se destinan fondos a las procuradurías anticorrupción, a la Comisión de la Verdad y al Consejo Nacional de Derechos Humanos. También construir un penal de máxima seguridad y atender las necesidades del personal de la Policía Nacional y las FF.AA
El fondo dejóde ser especial
ENFOQUE
En un inicio, el Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (Fedadói) tenía cuatro rubros principales a los que debía atender. Se han ido agregando más y ahora son como once. Además, hay demandas adicionales, que provienen de sectores sociales a los que no se ha podido atender y una salida fue acudir a este fondo especial, que al final ya no tiene tanto de especial porque todo el mundo concurre a él con demandas que, si bien son importantes y necesarias, hay otras que son prioritarias.
Parte del problema es que, en cierta manera, se lo ha tomado como una especie de caja chica y ha ido perdiendo su propósito principal. Me parece que el problema no es la transparencia del manejo de los fondos, sino el manejo de las cifras. No en el sentido de que haya malos manejos, sino que parece no haber un cálculo adecuado para saber cuánto se ha dado, cuánto está por darse y lo que ha quedado como compromiso.
No encontramos una fuente que explique al 100% cómo se está manejando el fondo. Las cifras son confusas. Más que de transparencia, me parece que hay un problema de ordenamiento. En ese aspecto se podría mejorar
ANTECEDENTES
El Fedadói fue creado por el Decreto de Urgencia 122-2001 con el propósito de administrar los fondos recuperados de cuentas ilícitas a través del Ministerio Público y el Poder Judicial. Solo recibe montos en efectivo. Los bienes muebles e inmuebles incautados son manejados por la Comisión de Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Comabid), que depende del sector Justicia.
Originalmente el Fedadói dependía del Ministerio de Justicia. A partir del año pasado está adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En su corta existencia ha tenido cinco presidentes: Carlos Zamorano Macchiavello, Alfredo Solf Monsalve, Fernando Arce Álvarez, José Enrique Deza Urqueaga y Giancarlo Balestra, quien tiene menos de una semana en el cargo
Ejecutivo observaría proyecto de sueldos por su efecto inflacionario
Presidente del Congreso no quiso responder cuestionamientos Dicen que PPK expresó malestar a título personal y no del Gobierno
Carrera de caballos, parada de burros. Así puede resumirse el resultado del apresuramiento incurrido por el Congreso al aprobar el confuso proyecto de ley para regular los sueldos de los altos funcionarios estatales, vía una denominada unidad remunerativa del sector público (URSP) que nadie sabe por qué será definida por el Gobierno.
El Ejecutivo se alistaría a observar el proyecto de ley defendido por el presidente del Congreso, Henry Pease. Al menos, el ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, no pudo ocultar su desagrado por esta ley en la reunión del Acuerdo Nacional, según contó el legislador Jorge del Castillo.
Kuczynski arguyó que, de promulgarse esta ley, habría una indexación implícita de sueldos. "Lo ha llamado potencialmente inflacionario, con lo cual anunció virtualmente la observación de la ley", relató el aprista.
Por la tarde, a través de CPN radio, el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, David Lemor, sostuvo que en la reunión del AN no se anunció que el Ejecutivo observaría el proyecto, sino que Kuczynski planteó su posición personal diciendo que la iniciativa le parecía mala. Cabe subrayar que Lemor no es el vocero del ministro de Economía.
Por su parte, el presidente del Congreso y autor de la iniciativa, Henry Pease, no quiso responder ante la prensa los serios cuestionamientos que implica la promulgación de esta norma.
De otro lado, Alan García calificó como un grave error de la mayoría parlamentaria la aprobación del proyecto, por considerar que le corresponde al Congreso fijar los sueldos de los parlamentarios.
Entre tanto, se supo que la Oficialía Mayor presentaría el lunes la respuesta al oficio remitido por el congresista Pedro Morales sobre las presuntas irregularidades del proyecto de ley que fue exonerado del trámite de estudio de comisiones por decisión unánime del Consejo Directivo del Parlamento
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Enredo total
ENFOQUE
Cada vez que se les quiere tocar el bolsillo, congresistas y burócratas dorados se dan maña para enredarlo todo.
Eso es lo que está pasando con la reforma de la estructura de altos sueldos del Estado. Un sano propósito nacional al que le cierran la salida.
En efecto, el Congreso, en lugar de dar el ejemplo, rebajando los elevadísimos ingresos de sus miembros, aprobó el jueves una ley que deja en manos del Gobierno la fijación del valor de las nuevas remuneraciones estatales. Lo hace, como si este, obediente, va a empujar hacia abajo niveles salariales que quisiera más bien subirlos más.
De esto se concluye que ni el Congreso ni el Gobierno desean reestructurar el sistema salarial del Estado. Entre tanto, parlamentarios, ministros, viceministros, directores generales, jefes regionales y alcaldes conservarán íntegros sus montos de planilla y, por supuesto, los pensionistas de la cédula viva.
¿Para eso nos endeudamos más? ¿Para eso pagamos, estoicamente, más impuestos?
El embrollo legal en el que ha caído el proyecto de reforma salarial revela, pues, que no hay la mínima voluntad política por devolverle al país la fe perdida en sus onerosos dirigentes.
JUAN PAREDES CASTRO Editor Central de Política
**diario "El Comercio"
Empresario insiste en que entidad está “técnicamente quebrada”
y reta a autoridades a demostrar lo contrario
MEF y SBS denunciarán a Jaime Mur por pánico financiero contra el BWS
En el ojo de la tormenta Mur está dispuesto a ir a la cárcel
Ante la versión difundida por el empresario Jaime Mur Campoverde en un programa de televisión, en la que pone en tela de juicio la solidez financiera del Banco Wiese Sudameris (BWS), esa entidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) salieron ayer a desmentir tales afirmaciones.
El BWS, la SBS y el MEF señalaron que la entidad bancaria es una institución solvente en todos sus frentes, y que cuenta con el respaldo de su principal accionista, el grupo Intesa, uno de los más importantes de Italia.
“Están en curso investigaciones derivadas de otra denuncia, por lo que resulta claro el interés (de Jaime Mur) en desviar la atención de la opinión pública y las autoridades respecto de las deudas morosas de sus empresas con el BWS”, precisa el banco, que además recuerda que anteriormente Mur ya ha sido denunciado por el delito de pánico financiero.
El MEF y la SBS concluyen: “En ese sentido, se adoptarán las acciones legales pertinentes en el marco de lo dispuesto en el artículo 249o del Código Penal, que tipifica el delito de pánico financiero”.
Respuesta
Al respecto, el empresario Jaime Mur se ratificó anoche en sus denuncias, a través del mismo programa de televisión, en el sentido de que el BWS “está técnicamente quebrado”.
“Quisiera que el MEF y la SBS respondan estas preguntas: ¿Es cierto o no es cierto que el Banco Wiese está obligado a entregarle al Estado contragarantías por US$341 millones que no están en el balance? Si esto es así, el banco no tiene patrimonio. ¿Es cierto o no que si se contabiliza la obligación de restituirle US$56 millones al Banco de la Nación el Wiese se queda sin patrimonio? Si todo esto es así, el banco no tiene patrimonio”, precisó.
El empresario manifestó que la SBS y el MEF están ocultando información respecto de la verdadera situación financiera del Wiese y dijo estar dispuesto a ir a la cárcel en caso sus afirmaciones no sean ciertas.
+ DATOS
Jaime Mur dijo no deberle un solo centavo al BWS. En ese sentido, manifestó que en el año 1999 cumplió con pagar todas sus obligaciones.
Sostiene director del IPE
Déficit fiscal se financia con bonos y más deuda
De cara al 2006, los altos niveles de recaudación fiscal se mantendrían, ya que se estima que la presión tributaria crecerá hasta bordear el 14% para ese año; sin embargo, el déficit fiscal cerraría en 1.5% del PBI, que es superior a la meta del gobierno (1.4% del PBI), afirmó el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Fritz Du Bois, durante un forum organizado por la División de Mercados de Capitales del Interbank.
Refirió que las necesidades de financiamiento del gobierno equivalen a US$ 2,820 millones que se encuentra financiadas –en su mayoría– vía emisiones de bonos por US$ 1,500 millones y nueva deuda por US$ 870 millones.
De acuerdo a las previsiones de Du Bois, los pronósticos para el período 2004 al 2006 incluyen un crecimiento de 3.5% en promedio, relativa estabilidad de precios en el largo plazo, relativa holgura en los ingresos tributarios, pero presiones sobre el gasto, y superávit comercial y vulnerabilidad externa reducida.
Para el 2004 espera un leve crecimiento de la inversión hasta alcanzar el 15.3% como proporción del PBI en el 2006. "”Pero podría ser superior a no ser por el bajo nivel de gastos de capital por parte del gobierno, que contrasta con el enorme crecimiento de los gastos corrientes que representa el 75.8% de los gastos totales del gobierno, frente al 70% alcanzado en el año 2000”, remarcó.
**diario "Expreso" seccion"Economia"
Opinión
1,497 embarcaciones pescan anchoveta
ALEJANDRO BERMEJO
ING. PESQUERO
UNIVERSIDAD DE WASHINGTON
Esta cifra corresponde a 903 bolicheras con capacidad de 177,192 TM y 594 embarcaciones de madera (vikingas) con 59,400 TM. Si a este total de 236,592 TM de capacidad en bodega se le aplica moderadamente un 25% de captura promedio por día lograrán un total de 1’744,440 TM. Ante esta realidad la cuota anual y permisible de 7 millones de toneladas de anchoveta para el año 2004 se pescarían en cuatro meses. Pero los cuatro meses podrían alargarse al decretarse vedas por la presencia de anchoveta juvenil (menos de 12 centímetros que es la talla oficial o por “peladilla”, anchoveta de menos de seis centímetros). Además de las 1,497 bolicheras con licencia de pesca, no se sabe con exactitud las bolicheras industriales y las “vikingas” que pescan sin licencia.
Notas sobre la anchoveta: El ingeniero pesquero Fernando Alvarado, graduado de la Universidad Agraria, dice que: actualmente la anchoveta se considera comercialmente explotable cuando su talla llega a los 12 cm de longitud total, sin embargo a partir de los 12 cm la anchoveta inicia su desarrollo adulto y completa su estructura biológica cuando llega a los 16 cm o más. La talla de 16 cm mejora el rendimiento de producción de harina, aceite y la calidad. Fernando Alvarado sostiene que la anchoveta es el alimento de las especies costeras de consumo humano y su escasez afecta la economía de los pescadores artesanales, y el abastecimiento a nuestras poblaciones urbanas. Y, finalmente, que la reproducción de la anchoveta es de una importancia enorme por ser el alimento de especies de consumo y para la industria harinera. Remarca que debe tomarse muy en serio el “control de las tallas en la fase de extracción” para no perjudicar el equilibro reproductivo.
alejandrobermejo43@hotmail.com
**diario "Expreso",seccion"Economia"
Si es que el Poder Ejecutivo promulga ley Pease, advierte Valencia Dongo
Presupuesto del Congreso
aumentará en S/. 450 millones
La iniciativa del presidente del Congreso, Henry Pease, de aumentar el sueldo básico de un congresista a S/. 19,200, generaría a la larga un incremento del 50% en el presupuesto anual del Parlamento, debido a que habría que pagar pensiones más altas a los ex legisladores jubilados con la Ley Nº20530, conocida también como “cédula viva”. Así lo sostuvo el titular de la comisión de Seguridad Social del Legislativo, Rafael Valencia Dongo.
AUMENTO
En ese sentido, el legislador de Unidad Nacional (UN) estimó que limpiamente el presupuesto parlamentario superaría los S/. 450 millones, advirtiendo que un efecto similar ocurriría en otras oficinas del sector público. “Lo mínimo que sucedería es un efecto así para el Congreso”, indicó.
Explicó que al ser aplicable esta iniciativa para todo el sector público, a la larga terminaría incrementando las pensiones de jubilación en el sector Educación y en Salud, por lo que precisó que, antes de pensar en homologación de haberes, habría que hacer una reforma constitucional en el acápite referido a las pensiones de jubilación.
CORRECCIÓN
“Es prudente corregir el tema del efecto espejo mediante una reforma de los artículos constitucionales, que respete el derecho adquirido de los pensionistas de cobrar sus actuales emolumentos, pero impidiendo que esto pueda aumentar. Además, sólo reformando la Constitución evitaríamos que el Estado pueda ser demandado judicialmente por los pensionistas”, señaló.
Manos Limpias: Congresistas protegen sueldo con nueva ley
El Colectivo Manos Limpias denunció que la mayoría de congresistas pretenden proteger a toda costa sus altos sueldos encubriéndolos bajo la nueva ley de escala salarial para los altos funcionarios públicos, la cual "debería ser observada por el Ejecutivo".
Nora Bonifaz, presidenta de esta organización, declaró que la jerarquización de las remuneraciones de los altos funcionarios favorece claramente a los legisladores ya que, al ser los segundos en jerarquía, sus sueldos seguirán siendo altísimos.
“Eso es de un oportunismo tremendo. Con la aprobación de ese proyecto los legisladores garantizan que sus remuneraciones serán siempre altas porque de ello depende que sea decorosa la que perciban los altos funcionarios, como el presidente del Tribunal Constitucional”, subrayó.
Es por ello que dejan en manos del Ejecutivo la decisión de fijar la recién creada Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP), señaló Bonifaz. Sostuvo, además, que el mencionado proyecto carece de consistencia técnica, porque la iniciativa no tiene análisis costo-beneficio ni explica los criterios para establecer la URSP.
Tampoco se especifica con claridad el tema de los gastos operativos, debido a que no se establecen topes al denominado gasto de representación. Bonifaz consideró por ello que el Ejecutivo debe observar la ley y planteó que el pago a los legisladores y otros funcionarios electos se realice por RUC (Régimen Único de Contribuyentes)
**diario "Expreso",seccion "Politica"
Graves incoherencias de la ley Pease
Los congresistas siempre encontrarán maneras de evitar reducir sus sueldos, y con ello impedir que otras autoridades y funcionarios hagan lo propio, pues son ellos los que hacen las leyes. Son capaces de aprobar una ley mal hecha e inconstitucional para provocar la observación del Ejecutivo, con lo cual todo seguirá igual; pueden aplicar el manido principio de “hecha la ley hecha la trampa” como se expresa en la creación de la Unidad Remunerativa del Sector Público (URSP), o recurrir el uso a discreción de las famosas dietas. En fin, siempre encontrarán fórmulas para evitar una ley que erradique ese derecho fáctico a tener privilegios, sin ningún límite.
La ley que regula la jerarquía y remuneraciones de los altos funcionarios del Estado aprobada anteayer, contiene serios cuestionamientos que llevarán a su observación por parte del Ejecutivo. Específicamente señalaremos tres: 1) El apresuramiento en su aprobación puede provocar una avalancha de recursos de inconstitucionalidad –paradójicamente por quienes no quieren que exista ley y mantener el status quo– porque viola las leyes orgánicas de las regiones y municipalidades. 2) La aprobación de la URSP es arbitraria porque abre la posibilidad para que el Ejecutivo dicte a discreción el monto de la unidad remunerativa. La tendencia será a fijar una URSP alta para garantizar los salarios altos de este tipo de funcionarios o autoridades. Al delegarse esa potestad en el Ejecutivo se politizará el tema en cada gobierno. 3) La ley pretende pasar por alto que cualquier reforma del Estado que afecte al tema de salarios requiere una modificación constitucional que suprima el derecho adquirido por el régimen de la Cédula Viva (Ley 20530). Al intentar saltar con garrocha este problema, diversos sectores apelarán al Tribunal Constitucional porque la Carta Magna vigente señala que los derechos no pueden rebajarse en cuantía para los pensionistas de este régimen. Es obvio que los privilegiados del Congreso exigirán legalmente que se les homologue sus pensiones en función al nuevo aumento salarial que los congresistas reciban, una vez fijada la URSP.
Las graves contradicciones de esta ley confirman la tesis de EXPRESO en relación a que el marco legal de una Ley de Homologación de los Servidores Públicos del Estado –que involucra el criterio de las pensiones indexadas para los servidores públicos– necesariamente debe ser aprobado por una Asamblea Constituyente. Sólo de esta manera se evitará un entrampe legal por los diversos recursos legales que presenten distintos sectores amparándose en la Constitución vigente. La alta legitimidad del poder constituyente permitirá un amplio respaldo popular a este componente central de una reforma del Estado.
La opinión pública debe estar muy alerta por la existencia de diversas fuerzas centrífugas que, en el fondo, quieren una ley que siga manteniendo sus privilegios. Una manera de provocar aquello es sancionar una ley mala, tal como ha ocurrido en el Congreso con el deliberado intento del presidente del Congreso por aprobar una ley que requería mayores precisiones. Por lo tanto, si se quiere una ley realmente buena y duradera en esta materia, la única manera es que sea aprobada por una Asamblea Constituyente.
**Editorial "Expreso"
Falta de transparencia
Es preocupante la falta de transparencia en el Estado. Así como los progres juraron al cielo que jamás permitirían actos de corrupción en el manejo de los intereses nacionales, hoy comprobamos que estos personajes son los primeros en usar las mismas artes mañosas que tanto criticaron al gobierno anterior. Para nadie es un secreto que gran parte de la administración pública actual adecua los hechos y circunstancias del manejo fiscal de acuerdo a intereses particulares. Casos como los de Petroperú o del Pronaa –de los que próximamente se ocupará EXPRESO– merecen la atención de la opinión pública, en vista de que el contralor Matute prefiere esconder la cabeza como el avestruz.
Pero otro asunto que también viene investigando EXPRESO es el uso indiscriminado de la publicidad estatal para beneficiar específicamente a los amigos del régimen. Resulta escandaloso comprobar a diario a entidades públicas, como por ejemplo la Sunat, colocando avisos pagados sin licitación ni mucho menos respetando los intereses del Estado. La política en este caso parece más bien dirigida a proteger a aquellos accidentales socios mediáticos del gobierno de turno. Para estos organismos estatales desde luego que no existe la palabra austeridad. Sólo procuran cumplir favores.
Un reciente ejemplo de falta de transparencia lo da nada menos que el Congreso de la República. Este organismo, supuestamente al margen de cualquier sospecha, acaba de recurrir al perverso recurso de contratar los servicios de terceros –en este caso de El Comercio– para imprimir alrededor de 16 ediciones de un desconocido semanario, ignorado por el universo de ciudadanos, llamado La Gaceta. Pero lo grave del caso es que el Congreso le adjudicó este servicio a El Comercio sin licitación, autodeclarándose en situación de urgencia, y bajo pretexto de que la compra corresponde a menor cuantía, no obstante que el monto asciende a S/. 359,768.36, cantidad que podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades del Congreso.
Hasta antes de leer esta nota, amable lector, y pese a que el semanario La Gaceta estuvo imprimiéndose en otro diario amigo del gobierno hace casi dos años, ¿sabía de su existencia? ¿Acaso es de interés público esta suerte de boletín del autobombo congresal? Y por último, lo más importante: ¿No considera, amigo lector, que resulta mucho más importante gastar US$ 100 mil cada cuatro meses en mejorar escuelas o postas médicas, en vez de dilapidarlos sin licitación en imprimir 16 de estos mamotretos, beneficiando tan sólo a la imprenta que los produce?
**Diario "Expreso" seccion "Mundo al reves"
Sunday, March 21, 2004
Los requerimientos del Estado no deben agobiar al contribuyente
El ITF permite recaudar de manera inmediata y bajo pretexto de que la economía está en situación de emergencia, con lo cual se puede encubrir su carácter antitécnico
¿Por qué crear el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en momentos que se observa el crecimiento de la recaudación por efectos de los cambios introducidos en el régimen del Impuesto General a las Ventas? No puede olvidarse que también se ha producido un significativo incremento (3%) en la tasa del Impuesto a la Renta aplicable a las empresas domiciliadas, se ha mantenido el impuesto de 4,1% a la distribución de dividendos y no se ha derogado el absurdo Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Si a ello se agrega que la recaudación está creciendo en parte gracias a retenedores y perceptores, la creación del ITF no tiene mayor explicación, salvo el afán de mayores ingresos que esperamos tengan un destino adecuado. Pero el ITF no ha sido muy exitoso en los países que optaron por su aplicación...
El ITF es un tributo que se ha creado en países que atravesaban crisis económicas, como un mecanismo excepcional para recaudar de manera inmediata montos significativos destinados a la emergencia, lo que disimulaba su carácter antitécnico.
¿Por qué se afirma que el ITF además de ser antitécnico es inconstitucional?
La información que se solicita según las normas vigentesrespecto de los recursos del contribuyente en las instituciones financieras afecta el secreto bancario garantizado por la Constitución. Para levantar tal secreto se requiere permiso del juez. Debe recordarse que conforme al Código Tributario, Sunat puede dirigirse al juez para pedir tal levantamiento, pero solo respecto del contribuyente que está sujeto a fiscalización, por lo que resulta improcedente solicitar a los bancos datos respecto de todos sus clientes. En determinados casos la aplicación del ITF en cascada puede implicar la desaparición o la drástica reducción de la renta, lo que implicaría efectos confiscatorios prohibidos por el artículo 74 de la Constitución. Ello es especialmente notorio en el caso de actividades en donde el margen de ganancia es reducido, pero que requieren un gran número de transacciones bancarias, como ocurre con las agencias de viaje.
¿Qué otras vías tiene el Gobierno para incrementar sus ingresos sin sacrificar al contribuyente?
Sin duda, mejorar la fiscalización que efectúa la Sunat, a fin de detectar a los evasores e informales. Asimismo, como se ha señalado reiteradamente, debe estudiarse la eliminación o reducción de determinadas exoneraciones, emprender una lucha frontal contra el contrabando y resolver rápidamente los expedientes de reclamación en los que la cobranza se encuentra suspendida conforme a lo que señala la ley. Este es el momento para disminuir las necesidades del Estado mediante privatización y concesiones, de modo que los requerimientos del fisco no agobien al pequeño grupo de contribuyentes.
Es lógico prever que el público dejará de usar el sistema financiero para evitar el pago del ITF. ¿No existe un contrasentido en las propuestas?
Todos saben que en vista de lo antitécnico del tributo, los obligados tratarán de evitar el impuesto dejando de realizar, hasta donde sea posible, operaciones a través de los bancos. Así sucedió cuando se implantó el impuesto a los débitos. Las autoridades deben haber hecho sus cálculos conociendo que el impuesto incidirá en la parte de la economía formal que no puede eludir el tributo.
*Diario "El Comercio" ,seccion "Economia"
Movimientos bancarios bajan entre 20% y 30% por el ITF
Como no hay una forma real de medir el impacto que está causando el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) en las empresas, la Cámara de Comercio de Lima optó por realizar un pequeño sondeo entre 208 agremiados. Las respuestas fueron diversas, pero concluyentes: el ITF está causando muchos problemas.
Se observó que las personas han dejado de realizar operaciones en las entidades financieras para evitar pagar el ITF. De acuerdo con los estimados de Interbank, en las dos primeras semanas los movimientos bancarios bajaron entre 20% y 30%.
Las compras al contado de moneda extranjera a los bancos disminuyeron 43,2%, pues se ha preferido comprar dólares en el mercado paralelo para evadir el controvertido tributo.
Usualmente, los bancos venden 48,4 millones de dólares, pero desde que comenzó a aplicarse el ITF esta cantidad ha disminuido a 27,5 millones de dólares.
La Asociación de Bancos ha notado que el ITF está generando mayor concentración bancaria porque la gente prefiere depositar su dinero en las entidades más grandes, y está dejando de lado a los bancos medianos y chicos.
Por el lado de las empresas, se ha notado que están retrasando la decisión de adquirir bienes de capital debido a que el ITF también se está aplicando a las operaciones de "leasing", una herramienta crediticia muy usada en la adquisición de maquinarias y equipos. Al parecer, todos están a la espera de que se reduzca el impuesto.
El 71,29% de los encuestados de la CCL reconoció que el ITF le había generado muchos problemas en el manejo contable de sus empresas, mientras que otro 55,55% admitió que le había originado problemas de liquidez.
Como resultado del sondeo también se detectó que el 54,62% de los entrevistados se había demorado en realizar los trámites bancarios y que el 39,81% había tenido problemas en el manejo de las planillas.
La Cámara de Comercio de Lima también detectó que este tributo ha aumentado los costos del proceso productivo, complicado la operatividad empresarial y obligado a abrir nuevas cuentas bancarias.
Sin embargo, hay casos que son dignos de entrar al libro de las curiosidades porque el ITF debe ser pagado hasta cuatro veces en las operaciones de crédito.
Las empresas que tienen subsidiarias han tenido dificultades en el manejo de sus cuentas bancarias y se han elevado los costos de los sistemas informáticos.
Es lógico que ante tantas dificultades, el 96,30% de los 208 empresarios encuestados se muestre a favor de eliminar el ITF, mientras que solo el 3,70% dice que admitiría una reducción. Eso significa que si el Congreso vota en una segunda ronda por la reducción gradual del ITF no necesariamente se habrá asegurado la confianza de los empresarios.
Para reemplazar al ITF, el 87% de los entrevistados sugirió que el Gobierno reduzca el gasto público y el 80,6% planteó que se fiscalice más a los informales. A los empresarios que fueron incluidos en el sondeo se les permitió dar respuestas múltiples, por lo que los resultados no necesariamente suman el 100%.
Otras soluciones provinieron de un 63,9% que sugirió que se incrementen las operaciones para detener el contrabando, mientras que un reducido grupo de 7,6% apoyó la idea de mantener el Impuesto General a las Ventas (IGV) en 19%. El impacto del ITF también se ha visto en las operaciones de comercio exterior. Usualmente, el importador y el exportador demandan servicios logísticos que son atendidos por los agentes de Aduanas.
Los agentes centralizan el pago de los servicios y luego le envían al importador o exportador las facturas para que les reembolsen los gastos o bien el cliente deposita una suma de dinero previendo los gastos que se efectuarán.
Lo que está sucediendo con el ITF es que cada pago que está haciendo el agente de Aduanas por prestar servicios al dueño de la carga está siendo objeto del pago de este tributo.
Por esta razón, las exportaciones se han encarecido y los productos peruanos están perdiendo competitividad en el mercado internacional.
Algo similar está ocurriendo con las importaciones, pues los usuarios tendrán que pagar finalmente el sobrecosto del ITF.
No se ha estimado aún las cifras que determinen en cuánto se han encarecido las exportaciones o importaciones por la aplicación del ITF, pero eso es algo que la Cámara de Comercio de Lima hará dentro de pocas semanas.
*Recomendaciones de la CCL
La Cámara de Comercio de Lima tiene una serie de posibilidades para reemplazar al ITF. Entre otras cosas, plantea que se eliminen las exoneraciones al combustible en la Amazonía, con lo cual el Estado se ahorraría S/.170 millones.
Si se controlara la evasión del Impuesto General a las Ventas podría ahorrarse 500 millones de soles, mientras que si se aplicara medidas para reprimir el contrabando se podría conseguir 200 millones de soles.
Otra alternativa es que se fiscalice a los contribuyentes que perciben rentas de cuarta categoría, entre los que están los profesionales. De esta manera, se podría recaudar 150 millones de soles adicionales. El Gobierno debe reducir el gasto corriente.
Más datos
El ITF grava los sueldos y CTS depositados al 29 de febrero.
Se aplica al traslado de fondos de una cuenta a otra.
Los agentes de Aduana no pueden abrir cuentas para cada importador.
Algunos cajeros automáticos retienen el ITF y no entregan el dinero.
Los créditros por adquisición de una vivienda a partir de los 30 mil dólares, así como los artefactos están sujetos al ITF.
Induce al retiro de ahorros, sobre todo por parte de las personas naturales.
Los préstamos a los trabajadores están afectos al pago del ITF.
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El Comercio" seccion "Economia"
No se quejen tanto la nueva tasa del ITF es así nomás de grande
El presidente de la Comisión de Economía, Luis Solari, quien defendió ardorosamente las modificaciones al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), parece decir que como la tasa se redujo en un tercio ahora el contribuyente sí podrá soportarla. El ITF, fiel a su controvertido nacimiento, continúa siendo objeto de críticas generalizadas, así como de acaloradas discusiones entre el Gobierno y los empresarios.
Incluso a solo dos semanas de haber entrado en vigencia ya está sufriendo modificaciones sustanciales que muy probablemente no serán las últimas que veamos.
Lo único seguro es que el debate continuará, aun después de la segunda votación en el Congreso que se llevaría a cabo el próximo jueves. De cualquier manera, lo que sí parece un hecho es que ITF tendremos para rato y con ello el crecimiento del gasto del Estado continuará sin austeridad. Más aun, los mil millones de soles de recaudación futura que en teoría traerá el ITF ya los empezaron a gastar, por lo que no sería raro que si el Gobierno no controla sus promesas excederá incluso ese monto.
Con lo cual, más temprano que tarde volverán al Congreso a exigir más tasa u otro impuesto... Por lo que la pregunta que todo el mundo se hace es si el contribuyente realmente aguantará.
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Diario "El Comercio" seccion "Economia"
¿Misma persona, otro traje?
El jueves se someterá a una nueva votación
Sigue siendo inconstitucional, dicen empresarios
El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) volvió a dominar el debate económico durante la semana pasada. Luego de los reiterados pedidos del presidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía, para que el Congreso no dilatara mucho el debate del proyecto de ley que rebajaba la tasa de 0,15% a 0,10%, el martes pasado la Comisión de Economía del Congreso debatió la iniciativa legislativa de los congresistas del oficialismo, Jesús Alvarado y Marcial Ayaipoma.
Dicha iniciativa, además de reducir la tasa, recogía el pedido de la Asociación de Bancos para exonerar aquellas transferencias que haga una persona (natural o empresa) entre las diversas cuentas que tiene en un banco o en varios bancos. También planteaba una solución a las cuentas de remuneraciones -se devolverá el ITF que está siendo cobrado-, flexibilizaba la bancarización y subsanaba las observaciones de inconstitucionalidad que recayeron sobre el Decreto Legislativo 939.
El proyecto de ley no encontró mayor resistencia entre los miembros de la Comisión de Economía al momento de la votación. Es más, fue aprobado por amplia mayoría: ocho votos a favor, dos en contra y una abstención.
Un poco más de resistencia encontró en el pleno el jueves por la noche. Al final fue aprobado con 54 votos a favor, 43 en contra y una abstención.
Pero no todo esta dicho. Ántero Flores - Aráoz, con el reglamento del Congreso en mano, recordó a todos sus colegas que dicho dictamen, por estar vinculado al régimen económico, requiere de una segunda votación. El jueves próximo será sometido a esta decisiva instancia.
Siguen las protestas
Como se esperaba, en el Ministerio de Economía (MEF) están satisfechos con la decisión del Congreso, según Cecilia Blume, jefa del gabinete de asesores del MEF.
Sin embargo, los empresarios parece que seguirán peleando por la eliminación de la bancarización y el ITF. La Cámara de Comercio de Lima calificó de "maquillaje" al nuevo proyecto de ley. "El Congreso busca así meter una vez más la mano al bolsillo de los contribuyentes para expropiar a las empresas su capital de trabajo y a las personas sus pocos recursos, a fin de aplacar la voracidad fiscal, cuyos gastos improductivos se han incrementado en un 20%", decía un comunicado.
En su opinión, el nuevo proyecto sigue siendo inconstitucional porque mantiene la bancarización compulsiva (niega el gasto, costo o crédito fiscal y la devolución de impuestos cuando las operaciones no se han realizado a través de los bancos) y se mantiene la posibilidad de violar el secreto bancario.
ÁDEX reiteró su pedido de eliminar la tasa del ITF, pues la rebaja no resuelve el problema.
De prosperar la segunda votación en el Congreso, todo parece indicar que tendremos que seguir acostumbrándonos a convivir con el polémico impuesto y exigirle al Gobierno transparencia al momento de gastar estos recursos
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secciom "Economia" diario "El Comercio"
El TC sacrifica las garantías de los ciudadanos (I)
1.- El 10-12-2003 el Tribunal Constitucional (TC) resolvió el recurso extraordinario contra la sentencia de la Sala de Apelaciones de Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia, expediente 2196-2002-HT/TC, presentado por un ciudadano cuyo nombre no viene al caso detallar. El TC aprovechó la oportunidad para interpretar los alcances de la Ley 27770, no obstante no era objeto de la petición. Lo mismo hizo en la sentencia 1593-2003-HC/ TC.
2.-El TC refiere cómo se debe interpretar el artículo 137 del Código Procesal Penal, que versa sobre los casos de libertad por exceso de carcelería, indicando que dilaciones maliciosas imputables al inculpado o su defensa deben ser tenidas en cuenta al precisar el cómputo de carcelería sufrida.
3.- El TC establece que el sistema jurídico penal se divide en derecho penal sustantivo, derecho procesal y derecho de ejecución penal. Textualmente dice: "Específicamente, en el ámbito del sistema jurídico penal, el problema de la ley aplicable en el tiempo está supeditado a si la disposición deriva del derecho penal material, del derecho procesal penal o del derecho de ejecución penal. En primer lugar, no explica la razón jurídica o la ley en que se ampara tal diferenciación, ni tampoco, por qué es necesario dividir o parcelar un sistema que desde el punto de vista de las garantías jurídicas del ciudadano, ha permanecido unitario, reconociendo que la punición cruza etapas, pero sigue siendo un sistema único.
4.- El TC considera que para el derecho penal sustantivo rige el principio tempus delicti comissi, esto es, la ley aplicable es la vigente al momento de cometerse el delito y a ello se une por excepción la aplicación retroactiva sólo cuando resulte más favorable al reo.
5.- En el caso de normas procesales penales –afirma el TC- rige el principio tempus regit actum, la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se encuentra vigente al momento de resolverse el acto. Es decir, la ley procesal es de aplicación inmediata, aunque transforme las formas y modos del proceso anterior a futuro. Y, admiten, que la nueva ley procesal no afectará actos procesales ya cumplidos.
6.- Para el TC los beneficios penitenciarios se rigen por la fecha en la cual se inicia el procedimiento por el interno destinado a obtener el beneficio penitenciario, esto es, al momento de la presentación de la solicitud. Salvo que una nueva ley penitenciaria sea más favorable. En la misma dirección considera el TC un "derecho subjetivo" de los internos los beneficios penitenciarios. Lo que esconde el TC es que su percepción lo lleva irremediablemente a aplicar la ley vigente al momento de la solicitud, lo que lleva insito el abandono de la regla tempus regit actum en forma estricta. No olvidemos que tempus regit actum significa que se aplica la ley vigente al momento de la comisión del hecho antijurídico. En el derecho penitenciario, no es el momento en que el sujeto presenta la solicitud, sino el momento en que se inicia el cumplimiento de la sentencia. Podrá coincidir algún caso la solicitud con la ley vigente al momento de cumplir la condena, pero las "coincidencias" o "suerte" del interno nada tienen que ver con el derecho, que, a través de sus normas, busca la aplicación certera, segura y calculable de la ley.
7.- El TC considera que los beneficios penitenciarios no proceden automáticamente por la sola solicitud e incluso cumplidos los requisitos establecidos en la norma, su otorgamiento está obligado a la evaluación judicial de si el condenado se encuentra apto para ser reincorporado a la sociedad. Aquí se plasma la doctrina que socava las bases mismas del sistema: el juez no siempre está obligado a conceder el beneficio. El TC no recoge la línea humanista consagrada en la Constitución a través de la reinserción a la sociedad como fin de la pena y la dignidad de la persona humana como fin supremo del Estado.
8.- El razonamiento del TC tiene consecuencias inmediatas: el "sistema jurídico penal peruano" está dividido en tres niveles, penal sustantivo, procesal penal y penitenciario. Cada nivel se encuentra desvinculado del otro. Esto significa que una decisión en sede penal, como es el caso del rechazo a la irretroactividad de la ley, salvo la más beneficiosa, puede ser interpretada de manera distinta en el ámbito penitenciario y no afectar el sistema jurídico penal. De esta forma, y no muy sutilmente, se borra las garantías penales en sede de ejecución penal y procesal penal. El TC en realidad cede a favor de criterios de "retribución" penal en materia penitenciaria, ama el castigo, olvidándose que no es función ni fin de la pena castigar a los ciudadanos. No es función del Estado la búsqueda de "expiación" del ciudadano que delinquió, pues no es un Estado confesional, sino democrático, social, moderno y constitucional. En el campo procesal opta simplemente por aceptar criterios "prácticos" sin pensar si en cada caso se vulneran o no las garantías de las personas, por ello aceptan el criterio de aplicación inmediata de la nueva ley procesal (al parecer se ha olvidado Alva Orlandini dos normas: la que modificó el artículo 64 del D. Legislativo 122, Ley 23689 del 18 de octubre de 1983, y la Ley 23956 del 29 de octubre de 1984. Esta última precisa que la norma que afectó beneficios penitenciarios, la 23689, se aplica a partir del 6 de noviembre de 1983, fecha de su vigencia, no hay ambigüedades ni vinculan la ley al momento de la presentación de la solicitud por parte del condenado). En el derecho penal sustantivo nada puede decir el TC, pues el principio de legalidad tiene base constitucional y una tradición a prueba de grandes guerras, basta leer la historia del derecho penal para salir de cualquier duda. En síntesis: se ha olvidado el TC que el derecho establece y delimita el ámbito dentro del cual los ciudadanos pueden sentirse seguros sabiendo con certeza sus derechos y deberes
por José Urquizo Olaechea Profesor de Derecho Penal
*Diario "La Razon" pag."Opinion"
Thursday, March 18, 2004
El Tema – Pero el endeudamiento ¡ay! siguió subiendo
La deuda pública aumento en 0.5% del PBI No es la prudencia en el gasto la que hará que quizá la importancia económica dela deuda no siga aumentando
En el 2003,nuevamente, se incumplió la regla de gasto Debemos preocuparnos por la calidad del gasto.Persisten las exoneraciones No se ataca la informalidad y se exprime a los de siempre con nocivo ITF
El año pasado, la deuda pública expresada en debilitados dólares estadounidenses aumentó en el equivalente a "sólo" US$ 2,454 millones. Una medida más relevante,aquélla que proporciona una idea de la importancia económica del endeudamiento,la razón entre deuda y el producto bruto interno (o el "ratio deuda / PBI"), pasó de47% del PBI en el año 2002 a 47.5% del PBI el 2003. En el primer gráfico del anexo pueden observar cómo este indicador ha venido aumentando desde 1998. En el segundo, como es que, relativamente a otros países de la región, también se nos ve sexy en esta foto: mal de muchos, consuelo de tontos.
¿Seguirá aumentando, en el corto plazo, la importancia económica del endeudamiento público? Es muy probable que este año no lo haga, al menos no en la misma proporción. El déficit fiscal, origen de la deuda, seguiría reduciéndose. En parte porque, apropiadamente, ya no se contabilizaría el pago de los Bonos de Reconocimiento, a lo que se denomina "la amortización de un pasivo contingente", como parte del resultado económico del sector público (el déficit fiscal, en sencillo).
Este factor reduciría el esfuerzo fiscal necesario para cumplir la meta de este año en 0.2% del PBI. En alguna medida porque, gracias al repunte de los precios de los metales, las empresas mineras pagarían más impuestos. Parcialmente, gracias a las medidas administrativas que sigue adoptando la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Como resultado, asimismo, del crecimiento económico de 3.5-4%. Seguramente habrá otras razones, pero no hay duda que la prudencia en el manejo del gasto público no es una de ellas.
Efectivamente, el gobierno incumplió el año pasado la regla que limita el aumento del gasto público no financiero a "sólo" 3% en términos reales. Es decir, 3% sobre la inflación. Esa regla es parte de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que este mismo gobierno promulgó en mayo del año pasado y aún no reglamenta.De todos modos, de lo más previsor, introdujo una dispensa a la misma sólo dos meses después de haberla promulgado.
¿Podrían seguir atendiéndose las demandas sociales respetando el límite del gasto?
Por supuesto. Habría, sin embargo, que preocuparse por mejorar la calidad del
gasto. Para evitar, por ejemplo, que más de la mitad de los recursos asignados al Vaso de Leche no lleguen a sus beneficiarios. Dejando de desperdiciar recursos públicos en elefantes blancos. ¿Sabían que en las últimas subastas de Chavimochic se vendió la hectárea a US$ 50? Incentivando a los maestros que, inclusive con los paupérrimos sueldos que ganan, hacen las cosas mejor. "Sólo" hay que asociar los aumentos a una evaluación del desempeño. Ello, sin embargo, implica enfrentar a quienes se benefician del status quo incluyendo, tristemente, a quienes deberían ser
los actores principales de la Reforma del Estado: no pocos de nuestros funcionarios públicos y congresistas.
Exactamente el mismo razonamiento es válido para las exoneraciones tributarias que, pese a que no llegan a sus beneficiarios y esconden a los evasores, siguen siendo renovadas o adoptadas por nuestros padres de la patria.La alternativa por la que se ha optado, enfrentando irresponsablemente a empresarios y otros actores sociales en una falsa disyuntiva, es la de exprimir a los de siempre e incentivar más la informalidad para alimentar al insaciable monstruo fiscal. ¡Qué importa que se siga desincentivando la inversión privada! ¡Qué interesa que el siguiente gobierno tenga que ajustar el gasto ya que, supuestamente, no dispondrá ya del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y, muy posiblemente, tampoco sigan donde están los precios de los metales! En este contexto, no sólo se mantiene un impuesto tan nocivo como el Extraordinario de Solidaridad, sino que se inventa otro peor: el ITF. Se empieza, por último, a barajar alternativas como impuestos a las utilidades extraordinarias. Una sugerencia, para terminar: ¿por qué no adoptamos un impuesto a la estupidez extraordinaria de
algunos de nuestros políticos y dirigentes? Con una tasa de 1 en 10,000 de un punto porcentual, pagamos la deuda pública en un par de años...
Por: Pablo Secada E.
Portal IPE (Instituto Peruano de Economia)
Marzo 18 2004
Gestión Empresarial Responsable
PEDRO FRANCO
La responsabilidad social no se regula, se promueve
Hace poco el Congreso de la República ha elaborado un proyecto de ley de responsabilidad social que busca regular la gestión de la empresa privada en este aspecto. El objeto de la propuesta radica en que el “discurso teórico” no es suficiente. Además, se menciona en el proyecto de ley que los actores económicos deben tener un comportamiento nuevo o diferente en un mundo cambiante. ¿Cuál es el nuevo rol del Estado en este mercado que presenta este nuevo escenario? Habría que preguntar a los señores congresistas cuál es el discurso práctico que ofrecen para regular la responsabilidad social. No se puede imponer algo que no practicamos. El Congreso debería comenzar por casa e incluir dentro de su reglamentación interna políticas de responsabilidad social. Ello permitirá explorar el concepto y conocerlo para luego proponer. La responsabilidad social implica cambios de conducta en los individuos y comprometerse con la organización en temas laborales, sociales y ambientales. La dimensión de la responsabilidad social se ajusta a las condiciones propias del lugar. Aún no aprendemos la lección de copiar recetas y fórmulas que no se adaptan a nuestra realidad y que fracasan ineludiblemente.
Si se busca regular la responsabilidad social de la empresa al estilo de los países del norte, entonces deberíamos comenzar por cambiar o reformar al Estado. El apoyo que el sector privado recibe del Estado, en términos de reglas claras de producción y comercialización de bienes y servicios es un elemento clave en el desarrollo de una política de responsabilidad social.
La responsabilidad social no es un tema exclusivo del sector privado. El sector público debe ser un agente activo que no sólo ayude a definir el tema en el país, sino que a través del ejemplo invite a muchas empresas que todavía miran el tema de la responsabilidad social con mucha indiferencia, a incluir políticas y prácticas de responsabilidad social dentro de sus organizaciones.
El sector privado tiene la presión de los mercados internacionales de incluir dentro de su gestión el tema de la responsabilidad social. La comunidad internacional exige productos y servicios responsables. Este es el único camino de acceso a estos mercados. Es sólo cuestión de tiempo la aparición de barreras comerciales internacionales.
Por ello es mucho más importante que el Estado promueva en la empresa privada el uso de prácticas de producción más limpia, la implementación de sistemas de gestión ambiental, el desarrollo de programas de desarrollo social. Ante esta iniciativa, el sector privado contaría con el apoyo del Estado y de este modo la empresa privada sería impulsada en el inicio de un proceso natural de incorporación del tema de la responsabilidad social en su gestión cotidiana, como parte de su filosofía empresarial. El beneficio sería mutuo y el principal ganador de esta iniciativa sería el país como un todo. El nivel de competitividad a nivel internacional mejoraría y nos convertiríamos en un verdadero polo de atracción para la inversión extranjera, especialmente de ese segmento de inversionistas que están enfocados en la inversión responsable y sostenible en países como el Perú.
Un tema que se puede rescatar sobre esta iniciativa legislativa y que tanto el sector empresarial como el académico debe aprovechar, es la oportunidad de tratar el tema de la responsabilidad social en el Perú. La responsabilidad social es una iniciativa que se genera en los mercados de consumidores responsables y es tomada por la empresa privada como un mecanismo de supervivencia o sostenibilidad en el mercado. En nuestra realidad, sin embargo, la empresa privada aún no ve el tema como propio y esta oportunidad puede ser aprovechada para sensibilizar no sólo a la clase empresarial sino también a la población en este tema.
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
franco_pp@up.edu.pe
Por ello recaudación siempre es insuficiente
Deuda pública se elevó más de 20% en últimos tres años
“El acelerado aumento de la deuda pública que en los últimos tres años se ha reflejado en un crecimiento en 20.4% representa la mayor amenaza a la estabilidad económica y política del país”, alertó el congresista Jhony Peralta.
Detalló que la referida deuda pasó de US$ 24,045 millones a US$ 28,956 millones entre junio de 2001 y diciembre de 2003. “Esto demuestra que todo incremento de la recaudación tributaria será insuficiente para satisfacer los requerimientos si no se soluciona previamente este problema”, manifestó.
También informó que los actuales índices revelan que la deuda pública equivale al 47.5% del Producto Bruto Interno (PBI) (de los cuales 37.3% está constituido por deuda externa). “Estamos acercándonos peligrosamente a los niveles más altos y lo más sorprendente es que el gobierno ha planteado una falsa disyuntiva: entre elegir pagar impuestos antitécnicos –como el ITF– o dejar de atender los incrementos de remuneraciones de profesores, policías y médicos, sin mencionar que las mayores presiones para incrementar el gasto vienen del servicio de una deuda pública que crece aceleradamente”, advirtió el legislador del APRA.
DEUDA EXTERNA
De acuerdo a las estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda externa pasó de US$ 18,861 millones en junio de 2001 a US$ 22,768 millones en diciembre de 2003, incrementándose en 20.7% y representando actualmente el 78.6% de la deuda pública total.
En el caso de los bonos, señaló que en similar lapso de tiempo aumentaron en 51.1%. Es decir que pasaron de US$ 3,727 a US$ 5,630 millones, debido “a una temeraria política que apuesta por la búsqueda de recursos fáciles, pero que obligarán a pagar intereses más altos que los cobrados por las fuentes tradicionales”, comentó.
Mientras que, añadió Peralta, la deuda interna pasó de US$ 5,184 millones en junio de 2001 a US$ 6,188 millones en diciembre de 2003, creciendo en 19.4% y representando actualmente el 21.4% de la deuda total.
“Es importante resaltar que los bonos representaban sólo el 19.4% de la deuda pública externa en el 2000 y hacia fines de 2003 ya llegan al 24.7%, proyectándose que se alcance el 31.2% hacia el 2006”, dijo.
Con ello afirmó que se estaría revelando claramente la preferencia del actual gobierno por esta fuente de recursos fáciles, pues si bien los bonos son un instrumento de endeudamiento válido, su utilización debe darse en base a una estrategia de endeudamiento planificado
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Denunciarán a Pedro Pablo Kuczynski
y Roberto Dañino por emisión de bonos Brady
El congresista Javier Diez Canseco anunció que denunciará constitucionalmente al ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y al ex presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino Zapata, por la emisión de bonos Brady.
Según manifiesta, el delito se habría cristalizado durante el proceso de selección para la elección del agente colocador en el canje de los papeles y emisión de bonos soberanos por un monto total de US$ 1,500 millones realizado por el Ministerio de Economía.
“La denuncia busca que el Congreso conozca de las graves infracciones constitucionales y delitos que se cometieron en la elección del agente financiero encargado de colocar los bonos soberanos en las plazas internacionales y la presunta injerencia que habría desplegado PPK en este proceso para favorecer al Consorcio Salomón Smith Barney & JP Morgan Chase, con el que mantiene estrechos vínculos”, manifestó el parlamentario.
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Noticias seccion "Economia" diario "Expreso"
Marzo 18 2004
El ITF sigue siendo perjudicial y debe derogarse
Debe derogarse el ITF y no solo postergarse su aplicación. Igualmente debe derogarse el IES, reducir el gasto corriente, eliminar las exoneraciones y comprometerse ante el país a que la mayor recaudación no se dedique a medidas populistas....
El Congreso de la República tiene que asumir la responsabilidad de rectificar un grave error gubernamental, como es la insistencia en una propuesta inconstitucional y sumamente perjudicial como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).
De acuerdo a lo anunciado, el pleno parlamentario debatirá hoy el dictamen de la Comisión de Economía hecho sobre la base del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que se limita a proponer algunas modificaciones tanto al ITF cuanto a la obligación para efectos tributarios de usar el sistema financiero, es decir, la llamada bancarización.
Antes que nada, es irresponsable que, sin haber deslindado un tema fundamental como son los consistentes argumentos sobre la inconstitucionalidad de la norma, se decida simplemente proponer ciertas variaciones. Y a esta grave responsabilidad política habría que añadir la creciente incertidumbre que perturba el ámbito económico y la inversión privada.
En lo formal, resulta una ligereza que, a solo dos semanas de su entrada en vigencia, se plantee cambios sustanciales a la propuesta inicial. Ello revela no solo deficiencias en el enfoque, sino también una criticable improvisación de los promotores de la norma.
Asimismo, es cuestionable que lo que al inicio se presentó como una medida dirigida prioritariamente a formalizar la economía, se haya convertido en una vía facilista de recaudación. Peor aun si se considera que el Gobierno no tiene intención de ajustarse los cinturones ni da muestras de austeridad, con lo cual el ITF solo serviría para alimentar el desbocado gasto público e incrementar las expectativas populistas de algunos sindicatos de empleados estatales, con lo cual el tema se politiza irresponsablemente aun más.
Como lo hemos sostenido en editoriales anteriores, las objeciones técnicas son igualmente atendibles. Hay consenso entre los analistas en que, pese a la reducción de la tasa, el ITF tendrá un fuerte y negativo impacto en nuestra competitividad. Ello debido a que una tasa de 0.2% que sería la efectiva al considerar el débito y el crédito en cada operación gravada con 0,1 % cada una, es aún muy alta, por lo que encarecería los costos significativamente. Asimismo, en el actual contexto de bajos intereses, se desalentaría el ahorro.
En cuanto a la bancarización, la propuesta de flexibilizar las provisiones tendría también un grave efecto contraproducente y, en lugar de formalizar, se estaría promoviendo una mayor informalidad financiera. Es decir, el remedio resultaría peor que la enfermedad.
En suma, los cambios propuestos nos reafirman en nuestra oposición: se trata de un impuesto inconstitucional, nocivo para la economía por las distorsiones que genera y también innecesario, ante el continuo incremento de la recaudación tributaria. Por lo mismo, como hemos sostenido previamente, los parches nunca solucionan los problemas estructurales: Si una ley es mala no valen medidas a medias, sino que hay que derogarla.
Editorial diario "El Comercio"
18 de Marzo 2004
Un informe encubridor
Por lo visto, a los congresistas de la alianza oficialista no les interesa salir del dramático sótano en el que está situado el Congreso, obteniendo apenas 8% de aceptación del país según las últimas encuestas. Una prueba más de ello es el vergonzante resultado del informe final de la comisión de Acusaciones Constitucionales evacuado con motivo de la investigación a los ex ministros Raúl Diez Canseco y Javier Silva Ruete, en el conocido caso del Decreto Supremo Nº 047 que favoreció a un negocio del padre de la novia del ex vicepresidente. Si la población tuviera la oportunidad de conocer el sentido encubridor de ese informe, seguramente mandaría al desahucio a los congresistas autores.
El legislador Carlos Almerí ahora esgrime alucinantes argumentos a favor de los responsables, después de que su situación al interior del Congreso fuera severamente cuestionada por otro incidente. “No podemos tipificar si hubo delito de usurpación de funciones al refrendar el decreto supremo, porque no somos un órgano jurisdiccional... RDC no cometió delito, sino infracción”, ha dicho con desparpajo el mencionado parlamentario refiriéndose a la responsabilidad en la firma del mencionado decreto que favorece a un determinado negocio que opera en el aeropuerto internacional.
Si el informe de la comisión reconoce que RDC cometió infracción a la Constitución en su Artículo 126 –que impide a los ministros ser gestores de intereses propios o de terceros–, es lógico que aquello se haga extensivo al delito establecido en el Artículo 397 de la Carta Magna. A tal punto que el mencionado decreto se publicó el mismo día del cumpleaños del propietario del negocio beneficiado. Hay pruebas contundentes de que el ex vicepresidente de la República ordenó a sus altos funcionarios atender al propietario del referido negocio para que solucionen los problemas tributarios que lo afectaban. Si eso no es delito, entonces que el congresista Almerí anule la ley de la gravedad.
¿Qué pretende el congresista Almerí y los colegas que lo secundan? Tratan de reducir la tipificación de las faltas o delitos cometidos en la elaboración y aprobación del Decreto Supremo Nº 047 al ámbito de la “infracción a la Constitución”, para de esa manera absolver a los responsables de la contundente denuncia presentada por los congresistas Heriberto Benítez y Alcides Chamorro, respaldada también por informes periodísticos que demostraban la gravedad de aquel escándalo. Esa es la típica estrategia del establishment político que vive a favor de la impunidad: bajar la intensidad de los delitos cometidos por personajes de su entorno poco a poco, hasta llegar al encubrimiento total.
EXPRESO, desde que explotó públicamente este caso, ha tenido una posición firme y principista a favor de una sanción ejemplar a todos aquellos que participaron en este delito de usurpación de funciones. Sobre todo, por la alta responsabilidad que ocupaban.
Sería francamente una vergüenza que la comisión de Constitución y el pleno del Congreso aprueben ese cuestionado informe. Aquello confirmaría tan sólo la mascarada encubridora que propicia un oficialismo toledano que jura luchar contra la corrupción pero que, en el fondo, actúa de la misma manera que aquellos congresistas del fujimorismo que escondían los trapos sucios de sus amigotes, allá por la década de los 90. Como si ambos estuvieran atados al mismo cordón umbilical que tolera la corrupción al más alto nivel de gobierno
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Editorial diario "Expreso"
18 de Marzo 2004
La bendita bancarización
Hace ocho meses que el gobierno tercamente persiste en imponernos la bancarización. Ahora intenta driblear su inconstitucionalidad con un engendro sustitutorio que, en realidad, es la misma chola con otro calzón, como lo demuestra con claridad el congresista Ántero Flores-Aráoz.
Sin embargo, el legislador Luis Solari ha salido en abierta defensa de la bancarización. Es una barrera para la evasión tributaria, dice. Pero lo que no explica el congresista es que el país paga muchísimos millones de soles cada año para que el personal de la Sunat se dedique a detectar la evasión fiscal. Por lo demás, es conocido que la entidad recaudadora de impuestos chilena le cuesta a su Estado la mitad de lo que nos demanda la Sunat para cobrar el equivalente a cada dólar de impuesto. Entonces, congresista Solari, ¿por qué los peruanos tenemos que pagar S/. 1,800 millones adicionales para detectar evasores, si ya venimos pagando mucho dinero para sostener a la Sunat? ¿Dónde quedó su reforma del Estado?
De otro lado, ¿dónde está la reforma tributaria que tanto ha prometido su gobierno? Esa necesita ser su preocupación como político. Pero de ninguna manera salir en defensa de un mecanismo inconstitucional como la bancarización que: 1) vulnera la voluntad ciudadana para contratar con toda libertad los servicios de un banco privado, 2) ignora el valor cancelatorio que reconoce la Constitución a los billetes emitidos por el BCR y 3) beneficia a un sector económico poderoso que cobrará más tasas, portes, servicios, consultas, etc., por cada nueva cuenta bancaria que, compulsivamente, deberá abrir cada humilde trabajador o pequeño empresario.
Es evidente que algo más del 60% de la economía peruana es informal. Pero ese empleado, empresario, obrero o ambulante informal jamás va a formalizarse si el Estado insiste en imponer impuestos y trabas al trabajo y a la producción. Por el contrario, más impuestos sólo crean más evasión. Y más trabas legales –como la inconstitucional bancarización que exige por fuerza de ley el uso de un servicio privado pagado– sólo generan mayor rebeldía del pueblo contra este injusto sistema al que llaman democrático. Estas injusticias a la larga traerán violentos reclamos contra quienes no estuvieron preparados para gobernar pero lo hicieron, imponiendo sus malas leyes a la inmensa mayoría de peruanos.
Confiamos en que los 11 recursos de inconstitucionalidad planteados ante el TC traerán abajo los propósitos abusivos y equivocados de la dupla bancarización-ITF
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"Mundo al Reves" Diario Expreso
Jueves 18 de Marzo 2004
Salvemos la democracia
Hay quienes por tanto mirar con egoísmo, pensando únicamente en el usufructo personal y en prebendas adquiridas, terminan por confundirse y sólo ver árboles donde hay, a la vez, un frondoso bosque.
Ocurre ello, por ejemplo, cuando nuestros políticos y analistas hablan irresponsablemente de la democracia como entelequia, sin plasmación diaria, o de la justicia como aspiración humana casi inalcanzable.
En un país subdesarrollado económica y socialmente como el nuestro, en que el pan de cada día depende, en gran medida, de la buena gestión de los gobiernos de turno, es común asociar la democracia a la vigencia de los caudillos. Y no es así.
Desde hace un tiempo quienes le cargan el anda al fracasado gobernante del popytoledismo se han dado a la tarea de sembrar un concepto absolutamente errado. Sostienen que Alejandro Toledo debe cumplir el periodo para el cual fue elegido, vale decir hasta julio del 2006, a riesgo de afectar la gobernabilidad del Perú y no permitir que la democracia se institucionalice en estos predios.
La confusión es tremenda.
En LA RAZÓN sostenemos absolutamente lo contrario. Mantener en el gobierno a Alejandro Toledo, al gabinete Ferrero Costa y a todos los burócratas dorados del popytoledismo nos está conduciendo al momento más negro de nuestra historia republicana y puede generar una explosión social que nadie desea o, eventualmente, generar el ascenso de algún desfachatado ‘outsider’ que podría, en tal caso sí, conducir el país al caos generalizado, la anomia.
Por ello es que insistimos, esta vez apoyados en los resultados de la última encuesta política que se ha dado a conocer: el presidente de la República, Alejandro Toledo, el gobierno en general; es decir, el gabinete Ferrero Costa, el Parlamento, vale decir los representantes de todos los partidos, y el Poder Judicial, nos referimos a los jueces de todo nivel, están en su hora más terrible: casi el 90 por ciento de los consultados les repudia.
Entonces es hora de tomar al toro por las astas. Hay que dejar atrás a Alejandro Toledo y poner en marcha la maquinaria legal y públicamente aceptable para adelantar las elecciones generales y reemplazar a la llamada clase política en todos los niveles. Sólo así cumpliremos con el Perú, preservando la gobernabilidad y la institucionalidad democrática, como lo hicieron los argentinos cuando sacaron a De la Rúa y los bolivianos al desprenderse de Sánchez de Losada.
¡Salvemos la democracia, ahora!
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Editorial "Diario La Razon"
Jueves18 de Marzo 2004
